Como la crisis de la COVID ha transformado el tratamiento de la legionelosis en los hospitales. 

La crisis de la COVID-19 sometió los hospitales a una presión asistencial nunca vista, pero también obligó a repensar completamente la seguridad de sus instalaciones internas. El cierre temporal de determinadas áreas médicas para reubicar servicios y la creación de nuevos sobre la marcha, puso de manifiesto que se pueden producir otros problemas por el estancamiento del agua en las redes de distribución. 

Sin circulación constante, los circuitos pierden el desinfectante y logran temperaturas que favorecen la proliferación de la bacteria Legionela, creando un peligro añadido en un entorno lleno de pacientes vulnerables.

Esta experiencia ha transformado la gestión de la salud pública, impulsando normativas mucho más estrictas que ya estaban en estudio hacía tiempo, pero que se aceleraron posteriormente para su rápida implementación. 

Un marco legal postpandemia exigente: El RD 487/2022 y 614/2024.

La lección de la COVID-19 dejó claro que el mantenimiento tradicional basado en la reacción ya no era suficiente, especialmente en entornos de alto riesgo. Esto aceleró la entrada en vigor del Real Decreto 487/2022+ Real Decreto 614/2024, un cambio normativo que afecta directamente la gestión sanitaria y que sustituyó la vieja norma del 2003.

Cambio de paradigma: 

Se pasa de un mantenimiento reactivo a una prevención proactiva basada en la gestión del riesgo (PPCL/*PSL).

Digitalización obligatoria: Es indispensable disponer de un registro digitalizado, en tiempo real y trazable de las temperaturas y niveles de biocida diarios.

Muestreo acreditado: Las tomas de muestras para cultivos de Legionela solo las pueden realizar laboratorios o entidades con la acreditación oficial UNE-EN ISO/IEC 17025.

Responsabilidad directa: La ley corresponsabiliza explícitamente tanto el propietario como la empresa explotadora de la instalación; esta responsabilidad no se puede delegar a terceros.

Riesgo sancionador elevado: Los incumplimientos o la falta de registros se consideran infracciones de salud pública, con multas que pueden llegar hasta los 600.000 euros y el cierre del centro.

El nuevo texto normativo otorga una gran importancia a la figura del responsable técnico.

La COVID-19 nos recordó que los hospitales son edificios donde cualquier cambio estructural afecta la salud de los pacientes. Hoy en día, el control de la Legionella ya no es una simple tarea secundaria del equipo de mantenimiento de edificios; es una pieza clave de la prevención de infecciones nosocomiales.

Proteger el agua del hospital es, en definitiva, proteger la vida de quienes son más vulnerables.